Discapacidad

140.000 personas con discapacidad y sus familias claman justicia

Plena inclusión lanza un SOS sobre la sostenibilidad de las asociaciones de la discapacidad intelectual o del desarrollo

Las 935 entidades que forman parte de Plena inclusión pasan por momentos terribles tras asumir elevados sobrecostes durante la pandemia

Plena inclusión España se une a las reivindicaciones de gran parte de sus 935 asociaciones miembro. Desde diferentes puntos del país se reclama a las administraciones públicas apoyo para el sostenimiento de sus 4.000 centros y servicios que atienden a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

En concreto, Aragón y Andalucía se han dirigido a sus respectivos Gobiernos regionales para solicitar fondos que garanticen una sostenibilidad económica de servicios esenciales como centros de día, residenciales, educativos, especiales de empleo, etc., que ofrecen apoyos fundamentales a miles de personas y sus familias.

En el caso de Plena inclusión Aragón, las 40 entidades que la conforman demandan al Gobierno de Zaragoza 900.000 euros como compensación a los sobrecostes asumidos durante la emergencia sanitaria para financiar medidas de prevención ante la pandemia.

Algo parecido sucede en Andalucía donde Plena inclusión se ha unido al CERMI regional, que une a todas las organizaciones de la discapacidad, para denunciar una infrafinanciación endémica del sistema de apoyo a la dependencia.

Por su parte, Plena inclusión España quiere destacar la labor de sus organizaciones y espera que las administraciones autonómicas ofrezcan una respuesta satisfactoria a la justa reclamación del movimiento asociativo de la discapacidad.

“Esta situación no se da solo en Aragón o Andalucía. En todo el país, nuestras organizaciones han elevado la voz para visibilizar una situación crítica, respecto a la sostenibilidad de su actividad, que sufren muchas de ellas”

Santiago López, presidente de Plena inclusión España

Plena inclusión reclama al Ministerio de Derechos Sociales que acuda al rescate del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Dow, autismo y parálisis cerebral). También exige al Ejecutivo que inste a las comunidades autónomas, en el marco del Consejo interterritorial, para que atiendan las demandas de sus asociaciones, al tiempo que pide que se facilite una memoria de impacto del citado Plena de Choque respecto del Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia (SAAD).

“Creemos que el Plan de Choque, anunciado por el Gobierno de Sánchez al inicio de este año debe sostener a quienes estamos en primera línea de la acción solidaria”

Hay que recordar el entonces vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 20230, Pablo Iglesias, anunció en enero una partida de 600 millones de euros, acordada con los agentes sociales, que iría destinada a reforzar el SAAD.

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