Solidaridad

Solo el 37 % de las fundaciones españolas tiene un código de buen gobierno

¿Buen gobierno de la Fundaciones? Sin un código es difícil plantearse retos… Y la mayoría de las fundaciones en España no lo tienen

En España 9.000 fundaciones activas dan empleo a 22.000 profesionales y atienden a 35 millones de beneficiarios según el Informe “El buen gobierno en el sector fundacional” de Fundación PwC con la Asociación Española de Fundaciones (AEF). Son pieza clave del desarrollo económico español pero existen dudas acerca de lo adecuado de su gestión y transparencia debido así como las buenas prácticas de su gobierno.

Las fundaciones han realizado un gran esfuerzo por mejorar dichas prácticas pero aún tienen un amplio margen de mejora en relación con el cumplimiento de los requisitos de transparencia y la búsqueda de estructuras o prácticas de gobierno eficiente que apoyen el desarrollo de su estrategia.

Los códigos de buen gobierno son mecanismos necesarios para garantizar que la actividad fundacional se desenvuelva dentro del clima de confianza requerido para la eficiencia en la gestión y el progreso social. Un 63 % de las fundaciones carece de un código de buen gobierno, aspecto que la mayoría de los patronos considera un área con recorrido de mejora para su fundación.

Retos de los patronatos

  • Gobierno corporativo como apoyo a la estrategia
  • Transparencia y la comunicación
  • Gestión profesional y eficiente
  • Flexibilidad y adaptación
  • Control y gestión de riesgos
  • Supervisión financiera

Hay una mejora significativa en relación con la información reportada por las fundaciones a través de sus canales de comunicación. No obstante, sigue habiendo un amplio recorrido de mejora en cuanto a la información y puesta en valor de sus características esenciales; en especial, en el ámbito de la rendición de cuentas y la gestión económica de sus recursos.

El board refreshment o necesidad de renovación de los órganos de gobierno incorporando perfiles con visiones y capacidades diferentes, es hoy un factor crítico en la evolución del buen gobierno.

 

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