El desafío de Ceuta. Una radiografía de la guerra híbrida en la frontera sur y la necesaria respuesta estratégica de España
Francisco José Gan Pampols, Teniente General ET. (R)
La crisis fronteriza sufrida los días 30 y 31 de julio de 2026, marcada por la entrada masiva de 80.000 personas de forma irregular en Ceuta en menos de 48 horas
-de las que a fecha de hoy aún permanecen unas 10.000 en la ciudad-
ha puesto de relieve la extrema vulnerabilidad estratégica de la frontera sur de España y de la Unión Europea.
Este asalto concentrado en el paso fronterizo de El Tarajal y en los espigones del mismo nombre y Benzú,
- desbordó por completo las infraestructuras de la ciudad autónoma,
- colapsando los servicios de acogida para menores no acompañados,
- obligando a suspender las fiestas patronales
- y acarreando pérdidas comerciales directas estimadas en 33 millones de euros.
Más allá del drama humanitario, que costó la vida a más de un centenar de personas a ambos lados de la frontera,
este episodio se sitúa plenamente dentro de la doctrina de la guerra híbrida y las estrategias de la «zona gris»,
donde se instrumentalizan dinámicas sociales para doblegar la voluntad política del adversario sin llegar a cruzar el umbral de un conflicto armado convencional.
Catalizadores Geopolíticos e Instrumentalización de la crisis
El análisis de las distintas fuentes de inteligencia nos confirma que el asalto de julio de 2026 no respondió a un fenómeno migratorio puramente espontáneo.
Se produjo coincidiendo de manera calculada con la festividad del Trono en Marruecos y se vio potenciado de forma inmediata por la difusión distorsionada de la sentencia del Tribunal Supremo de España del 8 de julio de 2026, la cual dictaminó que las devoluciones sumarias en caliente no eran aplicables a quienes accedían a nado a Ceuta.
Las redes sociales viralizaron este fallo judicial para desactivar el efecto disuasorio de las escasas patrullas marítimas.
Sin embargo, el verdadero trasfondo del asalto se inscribe en el permanente carácter expansionista del reino de Marruecos,
que en esta ocasión ha aprovechado oportunamente una asfixiante pinza geopolítica motivada por recientes decisiones soberanas de la política exterior española. Marruecos y sus aliados estratégicos tradicionales, Estados Unidos e Israel, han reaccionado con hostilidad ante varias iniciativas recientes de Madrid:
- La ley saharaui. El avance en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley el 23 de julio para conceder nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración colonial y sus descendientes. Probablemente, la principal motivación de la invasión.
- El pivote argelino. La visita oficial del presidente español a Argelia el 20 de julio de 2026 —rival histórico de Rabat— para reactivar acuerdos energéticos clave.
- El creciente distanciamiento de Washington y Tel Aviv. Destacando, en fechas recientes, el embargo de armas a Israel decretado por España y la prohibición explícita del uso de las bases militares de Rota y Morón para las operaciones aéreas norteamericanas contra Irán.
Pruebas técnicas recopiladas por fuentes de inteligencia militar confirmaron la interceptación de comunicaciones de agentes marroquíes que demostraban que la gendarmería conocía de antemano el asalto y orientó de manera activa a los migrantes hacia el espigón del Tarajal.
Tras la crisis, cuentas proisraelíes amplificaron de forma coordinada narrativas desestabilizadoras bajo etiquetas como #FreeCeuta y #FreeMelilla, con el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, sumándose públicamente al ataque al calificar a las ciudades autónomas como «enclaves coloniales» de España.
Consecuencias adversas para la seguridad nacional
Las implicaciones negativas para la seguridad del Estado español se proyectan en múltiples escalas:
- Vulnerabilidad y saturación operativa. La persistencia de la amenaza forzó a decretar la cancelación de todas las licencias y permisos veraniegos del personal militar de Ceuta para garantizar la disponibilidad permanente de las tropas.
Igualmente, el ministerio del interior se vio obligado a trasladar a Ceuta personal de refuerzo de los FCSE.
- Degradación de la seguridad y el orden público con aumento de la violencia. La tensión en Ceuta está creciendo con el transcurso de los días en lugar de disminuir.
El clima tenso ha derivado en
- continuas manifestaciones pacíficas,
- el deficiente funcionamiento de los servicios públicos con especial incidencia en seguridad, educación y sanidad,
- y disturbios violentos, incluyendo emboscadas con lanzamiento de piedras y agresiones contra militares por parte de los irregulares que deambulan por la ciudad o están ocultos en las faldas del monte Gurugú.
- Fisuras diplomáticas y desunión europea. El impacto de la crisis sirvió como pretexto para que el Gobierno de Italia suspendiera temporalmente la libre circulación establecida en el acuerdo de Schengen con España reintroduciendo controles fronterizos, un severo golpe a la cohesión institucional de la Unión Europea.
Este gesto tuvo su contrapartida recíproca por parte del gobierno español al implantar controles a los viajeros procedentes de Italia.
También Francia ha incrementado los controles fronterizos con España.
Por último, es conveniente recordar que, a consecuencia de la invasión de Ceuta, 22 países de la Unión Europea suscribieron una carta solicitando endurecer la política migratoria de la Unión y formularon una velada crítica a la política de regularización española, poniendo de manifiesto distintas sensibilidades ante el suceso.
Líneas de acción para la política exterior y de defensa
Para contrarrestar con firmeza estas acciones en zona gris y defender de forma efectiva nuestra soberanía nacional, España debe articular una estrategia multidimensional articulada en tres niveles:
Nivel 1: Fortalecimiento de la Capacidad Soberana Autónoma
La primera línea de defensa debe centrarse en reducir al mínimo la dependencia estratégica de la seguridad marroquí.
España debe consolidar plantillas estables y permanentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en Ceuta y Melilla, en lugar de depender de traslados coyunturales de emergencia.
Procede con carácter urgente desactivar el «efecto llamada» de las interpretaciones judiciales, mediante el despliegue de equipos jurídicos e intérpretes que permitan formalizar expedientes de rechazo con plenas garantías procesales individuales de manera ágil.
Igualmente, es conveniente y necesario revisar y adecuar la Ley de Extranjería a la actual situación.
Nivel 2: Acción y presión bilateral condicionada
La vecindad con Marruecos debe regirse bajo un esquema de estricta reciprocidad. España debe vincular
- el mantenimiento de los acuerdos bilaterales de seguridad,
- la tramitación de visados para las élites marroquíes y
- los fondos de cooperación
al cumplimiento verificable del control fronterizo por parte de Rabat.
En lo que respecta a posibles represalias comerciales, España debe operar de forma rigurosa dentro de la arquitectura de la UE (la política comercial y los aranceles son competencia exclusiva de la Unión Europea: Artículos 3 y 207 del TFUE).
Cualquier medida punitiva de carácter económico contra las exportaciones marroquíes debe ser canalizada y aprobada formalmente a través de las instituciones europeas.
Nivel 3: Disuasión, europeización y multilateralismo Estratégico
España debe disponer de un nivel de disuasión potente y creíble de tal forma que un potencial agresor perciba que el coste de cualquier acción a lo largo del espectro del conflicto (desde la zona gris al enfrentamiento de alta intensidad) le supondría un perjuicio muy superior al posible beneficio calculado.
Por otra parte, dado que las fronteras de Ceuta y Melilla son las fronteras exteriores de la Unión Europea, España debe exigir la activación de los protocolos de crisis contemplados en el Reglamento (UE) 2024/1359 sobre instrumentalización migratoria.
Esto debe traducirse en la movilización de contingentes permanentes de Frontex en la frontera, incluidos los propios espigones.
La presencia de agentes de múltiples nacionalidades europeas elevará sustancialmente el coste diplomático para Marruecos de cualquier pasividad selectiva de su gendarmería, convirtiendo la fricción bilateral en una crisis directa entre Rabat y Bruselas.
Finalmente, aunque las dos ciudades autónomas no figuran citadas explícitamente en el Artículo 5 de la OTAN -debido a limitaciones geográficas detalladas en el Artículo 6- España debe explotar la dimensión doctrinal de la Alianza invocando el Artículo 4 del Tratado de Washington para forzar consultas formales ante el Consejo del Atlántico Norte. Esto nos asegurará el apoyo de la OTAN en capacidades críticas de ciberdefensa, contrainteligencia y vigilancia de señales satelitales en el Estrecho de Gibraltar.
El Artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea sí contempla la defensa colectiva del territorio nacional de los países miembros sin salvedad geográfica alguna. Por tanto, cabe invocar igualmente dicho artículo ante una agresión híbrida como la experimentada
Conclusión
La crisis de Ceuta de 2026 demuestra que la integridad territorial no se defiende únicamente con barreras materiales. Requiere
- una política de Estado proactiva, capaz de anticipar las amenazas mediante la inteligencia,
- poseer una disuasión potente y creíble,
- dar seguridad jurídica a sus fuerzas sobre el terreno
- y aplicar una diplomacia firme que internacionalice las consecuencias de la agresión híbrida,
garantizando que el coste de las actuaciones recaiga sobre el agresor y no sobre el agredido.
