Los pequeños inversores no profesionales están de enhorabuena. La nueva de directiva aprobada el mes pasado por el Parlamento Europeo sobre informes no financieros es la señal que el mundo de la RSC llevaba tiempo esperando. Por fin las administraciones Públicas han tomado cartas en el asunto. Ya no sirve escudarse en la rentabilidad económica y en la conservación de puestos de trabajo. La transparencia emerge como el gran valor empresarial. Más allá de la ética y de los principios (que como al valor en los soldados, se les supone), la claridad de las cuentas empresariales y su escudriñamiento de forma homogénea y ordenada son las claves de toda decisión económica. Sin información no hay conocimiento. Sin transparencia no hay ética. La información no financiera es imprescindible para su evaluar una rentabilidad sana, neta de intangibles como el riesgo de sufrir huelgas, boicots o multas. También para calibrar explícitamente cuestiones medioambientales o sociales.
Es cierto que estos requerimientos de información son desesperadamente laxos. El auditor del informe de RSC solo garantiza la existencia de la información sin verificarla ni contrastarla. Además, su publicación puede no hacerse a la vez que la información financiera y retrasarse hasta seis meses lo que reducirá, sin dudas, su relevancia. También se echa de menos, algún tipo de indicadores de rendimiento clave con el que poder comparar los desempeños de las diferentes empresas.
En cualquier caso, esta directiva marca un punto de partida sobre el que construir una estrategia de RSC coherente y sostenible que avance contra modas y tópicos en busca de la rentabilidad sostenible que el mercado demanda en su eficiente asignación de recursos.
Que el Estado tenga que legislar (de momento solo atañe a las grandes empresas) no es nunca la mejor alternativa para la promoción de comportamientos mercantiles pero sin duda acelerará el cambio hacia una economía sostenible. A fin de cuentas tan solo se solicita información y, en todo caso, argumentar porque no se ofrece. Por eso, muchas empresas ya cumplían con estas prácticas. Por su propio interés. Es el caso de Repsol. Según su primer Informe Anual de Interacción con Inversores Socialmente Responsables que publicó con motivo de la última Junta General de accionistas, el 9% de sus accionistas lo son debido a aspectos RSC. Se trata de inversores institucionales que usan criterios sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ESG) en sus decisiones financieras.
Por eso, la petrolera española se esfuerza en ofrecer cada vez más información sobre el funcionamiento de su Consejo de Administración y de sus altos directivos: remuneración, interacción con los inversores, implicación en derechos humanos, desempeño ambiental, seguridad y salud laboral, políticas anticorrupción, etc. Por eso, se esfuerzan en dialogar con sus inversores institucionales socialmente responsables. Por el interés de sus inversores y del suyo propio.
Juan Royo, director de culturaRSC.com