La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre abre una oportunidad para abordar algunos de los grandes retos que España lleva demasiado tiempo aplazando
Albert Guivernau, Fundación Civismo
El debate de los próximos meses debe ir más allá de bloques, trincheras y muros, y centrarse en cómo construir un país más libre, próspero y con instituciones más sólidas.
España necesita recuperar el terreno perdido en productividad y mejorar de forma sostenida el poder adquisitivo de las familias. Para ello es imprescindible devolver protagonismo a la iniciativa privada, reducir las barreras que dificultan invertir, emprender y crear empleo, garantizar la seguridad jurídica y avanzar hacia un sistema fiscal y regulatorio que favorezca el ahorro, la inversión y el crecimiento.
Pero una sociedad libre no se construye únicamente desde la economía. Necesitamos reforzar el Estado de Derecho, la separación de poderes y la calidad de nuestras instituciones; preservar una esfera pública plural en la que los medios puedan informar y fiscalizar al poder con independencia; y defender una educación basada en la excelencia, el mérito, la libertad de elección y la formación de ciudadanos capaces de pensar críticamente.
España afronta enormes desafíos, pero también dispone de extraordinarias fortalezas
Este nuevo proceso electoral debería servir para situar en el centro del debate las reformas que España necesita y las condiciones que permitan a los ciudadanos recuperar capacidad de decisión sobre su propio futuro.
Los primeros pasos tras las elecciones deberían responder precisamente a esas prioridades:
- recuperar la confianza institucional y la seguridad jurídica
- simplificar la regulación y reducir las cargas que dificultan la actividad de familias y empresas
- revisar el gasto público desde criterios de eficacia y responsabilidad
- crear un entorno que premie el ahorro, la inversión, el trabajo y el crecimiento empresarial
España necesita, en definitiva, una economía capaz de crecer más por productividad y no simplemente por la incorporación de más recursos.
Ese impulso reformista debería alcanzar también a las instituciones. Reforzar los contrapesos, garantizar la independencia de los organismos e instituciones del Estado y preservar el pluralismo informativo son condiciones esenciales de una democracia liberal. Del mismo modo, la educación debe recuperar la excelencia, el mérito y la libertad de elección como principios fundamentales.
El próximo ciclo político debería medirse menos por cuánto poder acumula el Estado y más por cuánto espacio devuelve a los ciudadanos para decidir, emprender, educar, informarse y construir libremente su propio proyecto de vida.
