Estamos en épocas de vacas flacas. Nadie lo duda. Los fastos y los oropeles han quedado atrás. Es tiempo de recortes, de lloro y crujir de dientes. Pero hay cosas en las que no se puede recortar. Cercenar cualquier posibilidad de desarrollo de las personas es un planteamiento miope, irracional y cobarde. Más aún si hablamos de discapacitados.
El síndrome de Asperger (AS) es un trastorno severo del desarrollo. Se trata de un trastorno neuro-biológico en el cual existen desviaciones o anormalidades en aspectos del desarrollo como las conexiones y habilidades sociales o el uso del lenguaje con fines comunicativos, comportamientos relacionados con rasgos repetitivos o perseverantes, una limitada gama de intereses y, en la mayoría de los casos, torpeza motora.
El Sistema de Dependencia que debate el Consejo Territorial para la Autonomía Personal y Atención a los discapacitados pretende que los afectados por el AS y otros trastornos del espectro autista dejen de ser atendidos como lo estaban siendo hasta la fecha. ¿La excusa? «Su grado de afectación es menor». Nuestro ejemplar sistema de protección social se transforma, de esta manera, en un arcaico modelo de práctica de la caridad. Aquellos más vulnerables y con menos capacidad de defensa se ven envueltos en los trapicheos de nuestros gobernantes, manirrotos los de antes, cegatos, los actuales.
Parece ser que la Administración se va a tomar 2 años para decidir sobre la concesión de la prestación a sus preceptores. Mientras tanto ¿los asperger solo van a recibir ayuda de la solidaridad entre sus familias? Es la Sociedad la que se va a beneficiar de la integración de sus AS. Pero si no se les valora en un plazo éticamente justificable se les va a expulsar indefinidamente del sistema por el mero hecho de ser dependientes moderados.
Las exiguas prestaciones económicas que perciben sus familias son irrenunciables. Lo mismo que los servicios de promoción de autonomía personal, centros ocupacionales o residencias que, aunque no sean los más apropiados para ellas, suponen una posibilidad de salir del encierro y aislamiento de sus casas.
Nuestros políticos ya pueden ir buscando otros sitios de donde recortar. De sus asesores o de sus amigos en empresas públicas ineficientes. O de las dietas que muchos diputados cobran por alojamiento en Madrid pese a tener residencias en propiedad en la capital de España. O de las más de 160 oficinas en el exterior que tienen nuestras opulentas comunidades autónomas. Los fastos y los oropeles se han acabado.
Juan Royo, director de culturaRSC.com