Las familias, también en concurso de acreedores

Tras la debacle inmobiliaria, muchas pymes y empresas han visto devaluado su patrimonio de tal manera que las deudas superan ya sus activos. Eso, en términos de contabilidad, se conoce como quiebra y tras ella solo hay una solución: renegociar dicha deuda con sus acreedores, ya sean entidades bancarias o proveedores. En muchos casos la solución se encuentra en la confección de un plan de sostenibilidad y en una quita de esa deuda. Es decir: los acreedores se conforman con cobrar algo menos de lo prestado (asumen esa pérdida) a cambio de un plan de futuro que les garantice el cobro del resto. Así lo hizo Grecia. También los tenedores de preferentes han visto mermado el valor de estos infaustos activos financieros y han sufrido dolorosas pérdidas. Y lo mismo ha sucedido con los activos inmobiliarios que numerosas entidades financieras españolas venderán a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), el banco malo que pagaremos todos los contribuyentes. Los precios de transferencia serán de derribo. Y también sucedió con mi equipo de fútbol, el Real Zaragoza, cuya deuda de 145 millones de euros quedó reducida a 90 a devolver en un cómodo calendario de pagos durante 8 años. Eso siempre que el equipo se mantenga en Primera División. Si no, el plazo se ampliaría a 12.

¿Y qué sucede con las familias que no pueden hacer frente a los pagos que ha generado su hipoteca? ¿Deberán abandonar una vivienda que el banco no va a ser capaz de vender y se va a quedar vacía? ¿Seguirán sufriendo una condena de por vida hasta que el banco recupere el último euro que se le debe? Imagino que en los informes de RSC de nuestras entidades financieras de 2012 aparecerá el número de viviendas que han sido embargadas y el número de clientes que clientes que han pasado a vivir en la indigencia. Sería, por lo menos, un ejercicio de transparencia.

La dación de pago o una quita de la deuda a afrontar podrían ser soluciones que castigarían a aquellos que tan alegremente concedieron hipotecas aún a sabiendas que muchos no podrían afrontarlas si las circunstancias se torcían. Muchos economistas ya alertamos en su día de que los larguísimos plazos hacían imposible ampliarlo puntualmente en caso de necesidad. Y que hipotecas a tipo de interés variable entorpecerían la recuperación económica si éste subía para hacer frente, por ejemplo, a una hipotética inflación. Por el contrario se abarataron aún más la concesión de hipotecas a cambio de colocar las infames “clausula suelo” a los clientes. Por eso las familias deberán negociar, con la protección de nuestro Gobierno, ante las entidades financieras su plan de sostenibilidad ante una quiebra familiar. Es decir: dación en pago o quita de la deuda. No es una cuestión de solidaridad. Es una cuestión de justicia. Y de sostenibilidad.

Juan Royo, director de culturaRSC.com