El Estado castiga la temporalidad en las empresas privadas, pero no tiene inconveniente en permitir su abuso en las públicas
ANSITI (1) junto a todos los colectivos de interinos exigen fijeza inmediata ante el abuso de temporalidad en la Administración Pública Española
Conclusiones del Abogado General del TJUE (2) prevista para el 9 de octubre
Sindicatos y plataformas de empleados públicos exigen el fin del abuso de la temporalidad que sufren un millón de trabajadoras interinos en el conjunto de las Administraciones Públicas Españolas.
El TJUE ya ha dictaminó que España no ha adoptado medidas adecuadas para prevenir y sancionar la utilización abusiva de contratos temporales en el sector público.
Hay 30.000 causas abiertas en tribunales por esta situación, lo que podría derivar en indemnizaciones millonarias a cargo del erario público si no se actúa con rapidez. Siendo viable la opción de convertir en fijos a los miles de abusados, después de tantos años al servicio público.
La Comisión Europea ha congelado fondos europeos destinados a España por el incumplimiento de su compromiso de reducir la temporalidad en el sector público.
Esta situación evidencia, según el colectivo, la falta de voluntad política para aplicar medidas eficaces que prevengan y sancionen un abuso que se arrastra desde hace más de 25 años.
Reivindicaciones
- Aprobación urgente de la nueva Ley de Función Pública. Incorporar las enmiendas que reconocen el derecho a la fijeza del personal en abuso de temporalidad, que transponen íntegramente la Directiva 99-CE.
- Cumplimiento inmediato de las sentencias del TJUE. Garantizar la estabilidad a quienes lleven más de tres años trabajando en la Administración bajo contratos temporales sucesivos.
- Readmisión del personal cesado en situación de abuso de temporalidad en el momento de su cese. Reforma normativa del TREBEP (3) y de la legislación de Función Pública para impedir que esta situación se repita en el futuro.
“Quienes estamos, nos quedamos”
La precariedad estructural que sufren las plantillas públicas desde hace 25 años es consecuencia de la pasividad del legislativo y la negligencia de las administraciones.
La defensa de los servicios públicos constituye una medida de justicia social. Para que haya servicios de calidad, es imprescindible garantizar empleo público digno y estable.
El colectivo de interinos insiste en que el Gobierno tiene en su mano resolver el problema “a coste cero”, sin necesidad de recurrir a indemnizaciones ni desviar recursos públicos destinados a otras funciones públicas.
Como ya lo hizo en el ámbito privado con la reforma del Estatuto de los trabajadores en 2015, pero en el conjunto de las Administraciones Públicas Españolas todavía seguimos sin resolver este problema.
En el caso de los Funcionarios Habilitados Nacionales de la Administración Local, secretarios, interventores y tesoreros de ayuntamientos, en muchos casos con 30 años de experiencia en el puesto siendo interinos, sólo se pide la estabilización en su puesto de trabajo. En la mayoría de los casos, ya pasaron un proceso selectivo, y la experiencia en la plaza les abala para poder continuar en la misma.
Notas
- Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos ANSITI
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE
- Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público TREBEP
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