La propuesta de Directiva de Debida Diligencia (DDCSR) de la UE contribuirá a que los Derechos Humanos pesen en las finanzas sostenibles
Está impulsada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea y quiere fomentar la sostenibilidad en las cadenas de suministro de las empresas de cara a 2025 para identificar y prevenir, eliminar o mitigar los impactos adversos de sus actividades sobre Derechos Humanos o el medio ambiente.
Propone mejorar las prácticas de gobernanza y así la cadena de valor en las estrategias empresariales
“Finanzas sostenibles y derechos humanos se vinculan con indicadores de riesgos y rentabilidad, pero también con las oportunidades desde el punto de vista social y medioambiental”
Completa la Directiva de Divulgación de Información No Financiera (NFRD) y la Directiva de Información Corporativa de Sostenibilidad (CSRD)
Añade obligaciones corporativas para:
- identificar
- prevenir
- mitigar los daños externos resultantes de impactos adversos derivados de las operaciones de las empresas, filiales y en cadena de valor.
El sector agroalimentario es uno de los más expuestos a violaciones de los derechos humanos y al trabajo forzado para el cual, a raíz de la pandemia.
La regulación impulsar un cambio de mentalidad en el sector, como ha sucedido con SFDR, que genera una mayor consideración de los derechos humanos en la inversión.
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU (2011):
- proteger, respetar y remediar p
- mejorar las normas y prácticas de las empresas y estados
- con personas y comunidades
Beneficios de la debida diligencia:
- Mitigación de riesgos: identificar y mitigar riesgos asociados a sus actividades
- Protección de la reputación: por impactos negativos de sus actividades.
- Mejora de la cadena de suministro: mayor eficiencia y sostenibilidad.
- Cumplimiento normativo
- Mayor confianza de los inversores
