Las personas con discapacidad intelectual, ciudadanos de segunda

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La falta de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad que persiste todavía en muchos ámbitos hace que el acceso y disfrute de los derechos ciudadanos sea un 30 % inferior en comparación con el resto de los españoles

Existen todavía situaciones que dificultan el pleno ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad y sus familias

  • Falta de un único modelo de educación inclusiva
  • Las pdi accedan todavía en menor medida que el resto a los niveles educativos superiores
  • Mayor tasa de paro
  • Mayor precariedad laboral, incluida una importante brecha salarial

El ejercicio de los derechos de ciudadanía es un 30% inferior para las personas con discapacidad Eduardo Díaz ‘El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad en España – Un estudio sobre la desigualdad por razón de discapacidad’ (CERMI, 2018)

La normativa ha evolucionado desde una concepción de la discapacidad característica del modelo médico hacia una propia del modelo social. Sin embargo, no se han desarrollado suficientemente los mecanismos que garanticen la condición de ciudadanía en igualdad. Existen todavía preceptos contrarios a los principios de equidad e inclusión.

La discapacidad en el imaginario colectivo

La desigualdad se encuentra condicionada por las representaciones que en el imaginario social se tienen de la discapacidad:

  • Supuesta condición de inferioridad
  • La estructuras sociales y las políticas públicas se incorporan a la experiencia vital de los individuos, definiendo su identidad y sus trayectorias, lo que determina la posición desigual de las personas con discapacidad en la estructura social.
  • Clase y posición social
  • Géner
  • Tipo de discapacida
  • Momento en que se produce

La atención temprana como derecho subjetivo de la infancia – Estrategias de incidencia política desde los CERMI Autonómicos’ por Agustín Matía, presidente del Grupo de Trabajo de Atención Temprana del CERMI Estatal y Víctor Bayarri, consultor social 

Es una mala noticia que haya reivindicaciones exactamente igual que en 2005 lo que significa que no se ha avanzado lo suficiente. Existe un déficit de legislación en este sentido por parte del Estado, independientemente de que luego la gestión pueda ser competencia de las comunidades autónomas.

Hay falta de planificación y de financiación. El caso de España no es único, ya que en la mayoría de países la infancia con discapacidad está muy olvidada.

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