Francisco Molinos Sanz, Socio fundador de Zenergía (III)

Economía de Mercado (III)

Francisco MolinosDiciembre 2013. El Supremo avala que las eléctricas financien el déficit de tarifaabonado a principios de 2012. Es decir, que tienen que hacer frente a lo que las eléctricas llaman “ingreso pendiente de cobro” que tienen que financiar, siendo en realidad un coste irreal, estando además en una posición acreedora respaldada por el Estado y confundiendo intencionadamente los conceptos de financiación y coste.

Por si fuera poco, a partir de 2010, el déficit tarifario se coloca en el mercado en forma de bonos a través del Fondo Estatal de Amortización del Déficit Eléctrico. Las eléctricas van recuperando, con intereses y con el aval del estado“su deuda”, pero es que la colocación de esos bonos supone una rentabilidad al inversor que compra los títulos, y ese interés se convierte en un coste que pasa a engrosar el mismodéficit.

En la subasta de este mes de diciembre, tal y como se lleva haciendo desde 2009, se fija el precio, a futuro, de lo que va a costar la luz en los próximos tres meses. Argumentando, entre otras cosas, por parte de los pujantes, fundamentalmente entidades del sector financiero, falta de viento y curiosísimas averías en cojinetes de centrales nucleares, la subasta sube en un 26,5% lo que se transmite en una subida del precio de la luz del 11% para el primer trimestre de 2014.

El Gobierno de manera repentina, suspende dicha subasta argumentando “anomalias” en la misma. ¿Una “anomalía” en una subasta pública de la energía que va a consumir un país es factible de que sea susceptible de ser investigado por una fiscalía?

El Gobierno pues, atendiendo al interés general, le pide a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) una nueva fórmula transitoria para fijar el precio en el periodo que se subastó el precio inicialmente y adopta la solución de hacer una media de los últimos seis meses de 2014, siendo la subida final al consumidor en su recibo de un 2,3% (1,4% coste y 0,9% parte regulada).

Todo esto lo debería de haber fijado la nueva Ley reguladora del sector eléctrico de la que estamos hablando y que recién nacida es necesario reformar para ver cual va a ser la fórmula final de subasta y evitar “anomalías”.

Lo que si hace dicha ley es establecer una serie de mecanismos automáticos por los que cualquier desviación sobre el coste previsto irá directamente al recibo de la luz, no al déficit de tarifa. Tampoco toca la estructura de precios, ni el mix energético, ni las centrales de ciclo combinado paradas.

El dato más espeluznante es que desde 2005, el precio final al consumidor de la factura eléctrica se ha incrementado un 70% y el descenso ha bajado en 2011 un 2,1% y en 2012 un 2,3%.

La reforma eléctrica no tiene nada que ver con el mercado ni con la competencia, toca el déficit de tarifa y el autoconsumo y el primero lo para fundamentalmente la UE ya que es déficit convertido a deuda pública.

Todo lo escrito hasta ahora se puede discutir, pero lo que no tiene discusión alguna es que el que no tiene la culpa de esta situación es el consumidor final.

Empezábamos contando un cuento y no hay cuento que se precie sin un gran final.

A este final lo vamos a llamar enmienda 475 del artículo 61 del proyecto de Ley del Sector Eléctrico, por poner un nombre vamos.

Y dicho final consiste en que la susodicha enmienda habilita al Ministerio de Industria y Energía a enviar a cualquier terreno, local, instalación, domicilio privado y medio de transporte de empresas de asociaciones de empresas, personas físicas, empresarios y administradores de empresas a inspectores, valiendo para ello únicamente con una autorización administrativa, para que revisen que las instalaciones de autoconsumo estén debidamente registradas y adecuándose a la normativa vigente permitiendo la incautación de los documentos del titular de la actividad de autoconsumo así como “precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa (…) o personas físicas que desempeñen alguna actividad de las previstas en esta ley”.

Para hacerlo aún más difícil, Industria estableció multas de hasta 600.000 euros para aquellos hogares que colocaran una placa solar de 200 vatios y no la dieran de alta.

Podemos afirmar pues que la liberalización desde los años 90 no ha reducido su coste. Nos han mutilado nuestra capacidad de hacer una política energética propia mediante secuestrar alconsumidor final haciéndolo culpable de haber contraído una deuda ficticia para él reduciendo el modelo energético a un mero ejercicio financiero, impidiéndonos introducir otros objetivos que podemos considerar legítimos como disminuir la contaminación asociada, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, reducir la cantidad de residuos radiactivos (50.000 €/día cuesta que nuestros vecinos Franceses nos los guarden en sus cementerios nucleares), aumentar nuestra soberanía energética o garantizar un acceso a la energía a un precio razonable que todos y todas podamos pagar.

Como sociedad tenemos la obligación de preguntarnos cuales queremos que sean los objetivos de nuestro sistema eléctrico, no dejándolo reducido a maximizar los beneficios de las grandes empresas, si no que deben de ser fijados de manera ética, justa y democrática. Pero una democracia solamente tiene sentido si está informada y la complejidad técnica o ha de ser un obstáculo a los problemas de la ciudadanía. Ha de conocer la raíz de los problemas y posicionarse frente a ellos.

Es imposible la idea de que un nuevo modelo energético no sea posible.

Entonces, ¿cual será ese nuevo y necesario modelo energético?

El que tu, yo y todos querido lector queramos que sea.

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